LA GUERRA CRISTERA

La Guerra Cristera también es conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada. Fue una lucha armada entre el Gobierno y la Iglesia de 1926 a 1929. Se peleó entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que estaban en contra de las políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. Se estima que murieron 250 mil personas entre civiles y militares. 

En 1917 se promulgó una nueva Constitución, en la que se estableció una política de intolerancia religiosa, incluyendo la prohibición de la Iglesia para poseer bienes raíces, prohibición del culto público fuera de las iglesias, el Estado decidiría el número de iglesias y sacerdotes que habría en el país, al clero se le negó el derecho a votar, a la prensa religiosa se le prohibió referirse a asuntos públicos, la educación primaria debía ser laica y a las corporaciones religiosas y ministros de cultos se les prohibió establecer o dirigir escuelas primarias. 

En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promovió instrumentos sobre el artículo 130 de la Constitución para ejercer severos controles, buscando limitar o suprimir la participación de las iglesias en la vida pública. Algunas de estas reglas estaban claramente enfocadas contra el culto católico, como el obligar a los ministros a casarse y prohibir las comunidades religiosas. 

En señal de duelo, muchas iglesias del país suspendieron el culto y el clero convenció a los feligreses de boicotear al gobierno, como el no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto afectó de forma severa a la economía nacional e inspiró la radicalización de algunos grupos entre los católicos mexicanos. 

Los ciudadanos católicos formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925. Su objetivo era lograr la libertad de culto por medios legales, pero fue declarada ilegal y operó de manera clandestina. 

Esta radicalización creció como movimiento social con el objetivo de reivindicar los derechos de libertad de culto en México. Este movimiento creyó en resolverlo a través de un conflicto militar y era independiente de los obispos. En enero de 1927, las primeras guerrillas, compuestas por campesinos, comenzaron el acopio de armas. Los grupos armados se conocían como cristeros y fueron creciendo ante las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! Para agregar adeptos a la causa, fue muy eficaz el uso de símbolos religiosos profundamente arraigados en la cultura Mexicana como la Virgen de Guadalupe, anteriormente utilizada con el mismo fin por líderes de la Independencia y la Revolución.

Primero se comenzaron a alzar en los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán pero pronto se sumó todo el centro del país. Se estima que en 1929 había 20,000 miembros de las fuerzas cristeras. Los obispos mexicanos intentaron rápidamente distanciarse del movimiento armado e intentar negociar la paz solicitando al gobierno de Estados Unidos fungir como mediador. 

El carácter clandestino de los cristeros les impidió mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento y atención médica; sólo podían depender de armamento anticuado, los excedentes de la Revolución de 1910.

Este levantamiento generó una grave ruptura entre los miembros de la Liga Nacional para la Defensa de Libertades Religiosas y los obispos mexicanos, cuya reacción fue una mayor centralización y control de los laicos católicos a través de la Acción Católica Mexicana. Comenzó una larga negociación, fungiendo como mediador el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow. Se llegó a un acuerdo de amnistía general para todos los cristeros que eligieran rendirse. Cifras aproximadas señalan que sólo 14 mil personas depusieron las armas, de entre las 50 mil personas que estaban involucradas. 

El Papa Pío XI, reaccionó publicando encíclicas criticando las políticas de los gobiernos de México, Alemania Nazi e Italia por sus políticas anti-católicas. 

El presidente de México anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley pero en realidad se aplicaron “relaciones nicodémicas” (en referencia a Nicodemo, el fariseo que se acercaba a Jesús de noche). En la práctica, el Estado renunció a aplicar la ley y la Iglesia renunció a disputar públicamente las condiciones impuestas. El arzobispo de México se convirtió en el único interlocutor con las autoridades federales, los obispos del país no harían ningún comentario acerca de la política nacional.

Así continuó la situación Estado-Iglesia de México hasta 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari reanudó relaciones diplomáticas con el Vaticano y promulgó una nueva ley de cultos. El Congreso reformó el artículo 130 de la Constitución, otorgándole personalidad jurídica a la Iglesia.