LA INQUISICIÓN

El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica. La herejía en la era medieval muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de ésta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc en el sur de Francia para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el reino de Aragón fue la primera Inquisición estatal y que en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a ésta con el nombre de Inquisición española 1478-1821, bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América; la Inquisición portuguesa 1536-1821 y la Inquisición romana 1542-1965. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica.

En los comienzos de la Iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes.

En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia católica con relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces.

Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen, la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis.

En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia con el Papa Inocencio III. Además, aseguró que estos al adorar al sol adoraban al ente supremo que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos, quien escribió importantes documentos como la Suma de poenitentiae, tendiendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición.

En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada las por órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales, fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales.

En 1252, el papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, "Herejes relapsos", eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte.

La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla.

La historia de la Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron este continente. Los primeros casos de que se tiene noticia son las "ordenanzas" contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir antes de la caída de la gran Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra de Caltzontzin, señor de los tarascos. Por otra parte, hay ciertos indicios de actividades inquisitoriales contra herejes desde 1522, realizadas al parecer, por frailes que desde entonces ya se encontraban en México.

Tras la conquista se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, que estaba encabezado por el inquisidor general de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México era el Inquisidor o Inquisidores, puesto que normalmente ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba promover los procesos, y el Secretario del secreto, que tenía fe publica y autorizaba las actas, diligencias, despachos, edictos, etc. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial llamados "consultores del Santo Oficio", que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves, como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba además con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policiaco, que eran quienes resguardaban las cárceles y el Tribunal del Santo Oficio.

Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada de "Juramento", en la que como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pidiese, pero además, al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto General de Gracia, por el cual se conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles y se le prohibía a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieren cumplido con aquel mandamiento.

Toda denuncia incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes. Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica, y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle tres veces el acusado persistía en la misma respuesta se le declaraba "negativo" y se abría propiamente hablando el proceso. Durante toda la secuela de éste, que a veces tardaba años el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si este adivinaba quien había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto.